por Alejandro Torres Rivera | 15 de Julio de 2016
A continuación la presentación que hizo el autor de esta reseña del libro de José Alberto Álvarez Febles, Proyecto de un país vs. Proyecto de Estado (Puerto Rico: Reflexiones sobre la ruta de la colonia a la soberanía).
La presentación de un libro nunca es un proyecto fácil. Y lo es menos cuando su tema versa sobre aspectos políticos en torno a los cuales, entre su autor y su presentador, existen aspectos o aproximaciones distintas en torno a algunas de sus premisas. En el caso que nos ocupa, sin embargo, a las que puedan ser esas diferencias entre el autor y el presentante, también podríamos añadir múltiples coincidencias que terminan siendo, unidos en un mismo pensamiento, posiciones encontradas con otros amigos y amigas, que como compañeros de lucha, nos acompañan en nuestro quehacer político.
El libro que presentamos esta noche, a juicio nuestro, tiene como ejes centrales las siguientes premisas: (1) que la soberanía política de Puerto Rico se construye a partir de lo que tenemos como país, que es la estructura económica-política que permite el marco de autonomía establecido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (2) que en ese proceso de construcción de la soberanía plena futura de Puerto Rico, los que hoy son autonomistas, incluso dentro del marco limitado de poderes que emanan del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, forman parte del conjunto de fuerzas políticas capaces de derrotar cualquier intento de estadidad como culminación del coloniaje, por lo que en consecuencia, forman parte del conjunto de aliados naturales del independentismo hacia la configuración de un Estado político independiente y plenamente soberano; (3) que lejos de ser la estadidad un mero espejismo, o sencillamente una imposibilidad histórica como forma futura de relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, es en sí misma una opción real aunque no inevitable para el futuro de nuestra patria; (4) que para avanzar hacia la independencia y derrotar la estadidad, se impone sobre nosotros como proyecto de país, el fortalecimiento y desarrollo de una clase empresarial nacional que ponga sus miras en sí misma, protegiendo su propio desarrollo económico y su propio mercado interno frente a la agresividad de las empresas y negocios multinacionales que arruinan al pequeño productor y al pequeño propietario nacional.
Luis Alberto Álvarez, hijo del autor, en su Prólogo al libro hace referencia a lo que llama las fuerzas del ¨poderismo¨ como la zapata desde la cual es posible en Puerto Rico una concertación nacional que reclame los poderes políticos necesarios para nuestro tránsito hacia la soberanía política plena, y que a su vez, posibilite frenar el fortalecimiento de la opción anexionista en Puerto Rico. A juicio de Luis Alberto, esa zapata se sostiene en cuatro pilares: independentistas, soberanistas, estadolibristas soberanistas y estadolibristas autonomistas. El único objetivo unitario de estos cuatro componentes sería, según su criterio, ¨el reclamo y lucha por aquellos poderes que compartamos la necesidad de tener y que, naturalmente, sean fundamentales para el desarrollo de la nación y el bienestar del pueblo puertorriqueño.¨
Si bien Luis Alberto, al describir el proyecto formulado por su padre, nos indica que dentro de tal ¨Poderismo¨ sus facciones ¨definirían sus máximos y sus mínimos¨ para consensuando ¨puntos en común¨, a través de ¨la educación popular¨, hacer su reclamo a Estados Unidos y en los foros internacionales; quizás coloca demasiadas expectativas en algunos de los componentes de esa amalgama, que como sabemos, han permanecido por espacio de más de seis décadas en una zona de confort que les ha inhibido toda noción de cambio radical que les saque de abajo del ala del ave imperial, permaneciendo así abroquelados invocando la protección ciudadana de Estados Unidos .
Los diversos artículos recogidos en su libro tienen para el autor un hilo conductor en común: todo cuanto hagamos debe ir dirigido a no propiciar un triunfo del Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 2016. A diferencia del discurso pipiolo, por ejemplo, como también a la luz del nuevo discurso en boga en Puerto Rico como resultado de la crisis fiscal y la aprobación del H. R. 5278 (PROMESA), que impulsa la teoría de que Estados Unidos timonea el barco de la colonia hacia la independencia, José Alberto lanza su preocupación de que la incorporación por parte de Estados Unidos de Puerto Rico ¨podría servirle a Estados Unidos como respuesta a una petición de estadidad durante el próximo cuatrienio para darle largas al asunto poniendo de paso fin a la discusión sobre el estatus como la conocemos hoy.¨ Lo anterior, indica, abriría el paso a ese sector estadista, que visto al día de hoy podría ganar las elecciones de 2016, y desde tal triunfo impulsar, a partir de enero de 2017, impulsar el llamado ¨Plan Tenesí¨ para forzar el proceso de anexión.
Para detener la estadidad, indica, es necesaria la construcción material de un país; es necesario unir en un esfuerzo común todas las fuerzas que rechazan la anexión y propulsan la nacionalidad, la cultura, el desarrollo de una economía nacional propia, que aspiran a la soberanía natural de todo pueblo y que con su accionar cotidiano, afirme su identidad. Para el autor es una necesidad imperiosa ¨construir desde la economía de la colonia—la del Estado Libre Asociado—la economía nacional.¨ De ahí que nos haga el llamado a que sea ése el ¨campo de batalla¨ desde el cual impulsemos nuestra lucha inmediata, utilizando como arma de combate el instrumento del ¨boicot¨.
En el plano teórico, el boicot es un instrumento de lucha tan válido en una lucha de liberación nacional como en una lucha de clases. Es como formular en el marco de esta lucha el ejercicio democrático electoral o la lucha armada. Para determinar su utilidad como método de lucha, sin embargo, se requiere al igual que para los otros métodos de lucha, no solo condiciones materiales para su desarrollo, sino también de condiciones subjetivas por parte de sus actores sociales. Para ello, el autor propone una concertación nacional, que no solo propicie el desarrollo de fuerzas productivas en Puerto Rico, sino que la misma se monte ¨sobre la recomposición de las fuerzas socioeconómicas del país acompañada por los consiguientes cambios en la estructura de clases, entre otros, el fortalecimiento de la clase empresarial nacional.¨
El autor no obvia la discusión del estatus en su libro; es decir, del estado de relaciones de subordinación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Se une al reclamo de distintos sectores del país que han hecho suyo el reclamo de una convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE). A juicio de este, el Estado Libre Asociado ¨es una colonia que contiene embriones de la estadidad (la culminación del coloniaje) y de la descolonización¨, aunque interesantemente indica que la estadidad está aún en el vientre. No obstante, llama la atención a que para llegar a la estadidad, el movimiento que la impulsa tiene que primero acceder a la condición de territorio incorporado, lo que no es ni ha sido Puerto Rico a lo largo de 118 años en su relación con Estados Unidos.
En una categorización desde el punto de vista de las clases sociales con la cual no necesariamente haya que estar de acuerdo o en desacuerdo, José Alberto afirma que el PPD ¨representa políticamente a la clase empresarial puertorriqueña (o burguesía nacional) que busca las condiciones apropiadas—mayores poderes autonómicos o soberanos—para desarrollarse¨; mientras el PNP, indica, ¨representa políticamente a la burguesía intermediaria o compradora que percibe en la estadidad la situación más apropiada para perpetuarse.¨ En nuestro caso, percibimos en Puerto Rico la existencia de una burguesía nacional y extrajera intermediaria, que se acomoda desde el punto de las relaciones de clase a los intereses del gran capital estadounidense y global, aunque en aspectos culturales aspire a un espacio propio nacional en Puerto Rico. Lo anterior no niega, sin embargo, la existencia de una amplia gama de sectores profesionales y de la pequeña burguesía comercial, industrial y agraria, para quienes la afirmación, ampliación y reclamo de mayores poderes políticos sea necesaria como precondición a su desarrollo. Para éstos, la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus y su resultado tiene el potencial de redundar en mayores poderes políticos a la vez que representar una opción política.
A la pregunta que nos formula el autor en torno a si ¨la clase empresarial puertorriqueña¨ tiene alguna función en la lucha de liberación nacional de pueblo puertorriqueño, nuestra respuesta es que sí. A diferencia del autor, sin embargo, quien les habla entiende que sí forma parte de esta discusión ¨conceptos como explotación, colonial, neoliberal, estadista, soberanista, independentista, socialista, entre otros.¨ Si bien podría argüirse que tales temas pudieran llevarnos a un debate entre contrarios; la dialéctica también nos dice que toda síntesis de los procesos sociales surge precisamente de la lucha y unidad de ellos.
Los procesos sociales se dan y se desarrollan dentro de la materialidad de las personas, ello en el marco de las relaciones de producción establecidas; y en las colonias como Puerto Rico, también dentro del marco de la lucha por la soberanía política. Y es que en una colonia como Puerto Rico, es inevitable luchar por la solución de la contradicción ¨nacional-colonial¨ a la misma vez que enfrentamos la lucha en el marco de la contradicción ¨capital-trabajo¨. Se trata de un aspecto que ciertamente hace más difícil nuestra lucha, por ser una colonia precisamente del imperio capitalista con mayor desarrollo en la historia.
De lo anterior se deduce, que si bien es importante en la colonia la manera en que percibamos y canalicemos las opciones electorales en el ejercicio del voto, también tengamos presente que toda lucha anticolonial en Puerto Rico estará permeada por la manera en que enfrentemos la lucha anticapitalista, particularmente si esa vía de enfrentamiento supone la lucha entre el capitalismo de las grandes empresas multinacionales y el capitalismo que responde a los intereses de la pequeña producción nacional.
Me parece que si bien el autor parte de la premisa de que en la formulación de una propuesta anti estadista es necesario incluir aquellos sectores no soberanistas que defienden incluso al ELA como fue concebido en l952 y que hoy agoniza, su opción como independentista es la del desarrollo del ELA autonómico hacia espacios soberanos compatibles con el derecho internacional. Aún así para el autor, frente a la posibilidad de una anexión—aunque a corto plazo se trate de la incorporación del territorio—, la permanencia de la relación autonómica actualmente existente de cara a las próximas elecciones es preferible por ser superior al riesgo que representaría un voto contundente para la opción estadista.
Existen, sin embargo, nuevos escenarios que es necesario evaluar en estos momentos. La eventual aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico impactará nuestro país por espacio de varias décadas. Cuando el 17 de marzo de 2011 publicamos un escrito titulado Cuidado con la incorporación del territorio, el cual que el autor hace formar parte de este libro, interpretamos aspectos incluidos en el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de fecha 16 de marzo, donde proponía a los puertorriqueños dos consultas para atender el problema del estatus; o dicho de otra manera, el problema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. La primera consulta sería para que los puertorriqueños decidiéramos si queremos o no ¨ser parte de Estados Unidos o deseamos ser independientes.¨ Si los puertorriqueños optáramos por ser independientes, las opciones de relaciones futuras entre Puerto Rico y Estados Unidos estarían basadas en la condición de un país independiente o de un país asociado a Estados Unidos. Si los puertorriqueños escogíamos la opción de formar parte de Estados Unidos, las opciones serían como un Estado Libre Asociado de Puerto Rico o como un estado de la Unión. Esa opción sigue estando contenida en el H. R. 5278 hoy pendiente de discusión ante el Senado de Estados Unidos.
Dicho Informe vino también acompañado de una serie de propuestas de naturaleza económica y política que en aquel momento describíamos como un ¨nuevo modelo de anexión, más organizado, más controlado y más dirigido por el Gobierno Federal a través de sus agencias¨, al colocar ¨las áreas de educación, salud, seguridad, sistema de justicia, comunicaciones, energía, etc. …bajo una supervisión directa, bajo estrechos acuerdos de colaboración según han sido definidos en el Informe, de parte de las agencias federales en Puerto Rico.¨ Llamábamos la atención en nuestro escrito al hecho de que: ¨Sin que nos lo digan abiertamente, nos están organizando como territorio para eventualmente, colocarnos en condiciones de incorporarnos.¨
En apenas cinco años, han ido ocurriendo eventos, algunos de los cuales han pasado por debajo del radar político en Puerto Rico, que apuntan a que el tema del futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos es un asunto, no solamente inevitable desde la perspectiva de una solución para los puertorriqueños, sino que también es un asunto que ha captado la atención por parte del gobierno de Estados Unidos con miras a la búsqueda de una solución política. Para algunos, Estados Unidos se apresta a consolidar su relación territorial, ello en el marco de una nueva política uniforme aplicable a todas sus posesiones insulares; para otros, Estados Unidos está empujando al país hacia una independencia, total o asociada, como fórmula final de relación política entre ambos pueblos.
Ni para Estados Unidos ni para Puerto Rico es ya sostenible el modelo político creado en 1952 con el Estado Libre Asociado. Los arreglos que Estados Unidos impulsó para Puerto Rico a partir del finales de la Segunda Guerra Mundial ya no responden a sus intereses geoestratégicos. El fin de la Guerra Fría; las negociaciones de nuevos acuerdos económicos con América Latina, primero a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) integrando a México y Canadá dentro de un sistema comercial recíproco con Estados Unidos, y más adelante, una vez fracasado el intento de crear el Tratado de libre Comercio de las Américas (ALCA), mediante tratados de libre comercio bilaterales; los esfuerzos de crear las zonas de libre comercio con las economías latinoamericanas del Pacífico y del Atlántico con Asia y Europa respectivamente; junto al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, no justifican hoy la defensa del Estado Libre Asociado que Estados Unidos pretendió hacer creer a la comunidad internacional en 1953 daba por terminada la relación colonial.
El contenido de los Informes de Casa Blanca entre los años 2005 y 2011, reconociendo que Puerto Rico nunca dejó de ser un territorio sobre el cual el Congreso de Estados Unidos tiene el ejercicio de sus poderes soberanos bajo el Artículo IV, Sección 3 de su Constitución y las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos Pueblo v. Sánchez Valle y Commonwealth v. Franklin, no vienen sino a alinear en un mismo discurso la posición del Poder Ejecutivo en Estados Unidos (sean estás administraciones demócratas o republicanas), unto con la posición de la Rama Judicial sobre el carácter territorial de Puerto Rico, tanto bajo su Constitución como bajo el Artículo IX del Tratado de París de 1898, ratificado por su Senado en 1899.
La aprobación más reciente por parte del Congreso de Estados Unidos del H. R. 5278 viene afirmar, esta vez desde la Rama Legislativa, en un proyecto totalmente bipartita y sancionado por la Rama Ejecutiva, idéntica perspectiva de las actuales relaciones políticas entre ambos pueblos.
A pesar del rumbo que en ocasiones toma la discusión política en Puerto Rico, la perspectiva de que el H. R. 5278 sea una acción congresional exclusiva para atender el problema de la actual deuda pública impagable de Puerto Rico mediante mecanismos de control fiscal y el desarrollo de instrumentos que permitan reestructurar la deuda, no es del todo correcta.
Las disposiciones del H. R. 5278 aplicarían a todos los territorios de Estados Unidos sujetos al Artículo IV, Sección 3, de su Constitución, conocida como Cláusula Territorial. De hecho, así lo afirma la Sección 101 (b) (3) de ambos proyectos de ley.
La Sección 5 (20) sobre ¨Definiciones¨, dispone que los territorios sobre los cuales la ley aplicaría incluye a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el Commonwelth de las Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa Americana y Puerto Rico. Allí no se hace distinción de clase alguna a los efectos de si en tales territorios residen ciudadanos estadounidenses, como son los casos de Puerto Rico, Guam, el Commonwealth de las Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses; o si se trata de nacionales estadounidenses, como ocurre con los habitantes originarios de la Samoa Americana; ni cuál es el tipo de arreglo político de Estados Unidos con relación al territorio.
La Sección 101 (b) (1) por su parte, dispone que la propuesta Junta de Vigilancia Fiscal (Junta de Control Fiscal) se establecerá sólo si la Legislatura del territorio, mediante resolución firmada por su Gobernador, la solicita. En lo que concierne a Puerto Rico, bajo la Sección 101 (b) (2), se contempla su imposición inmediata. La Sección (b) (3), no obstante, afirma para ambas escenarios, que la fuente de derecho al amparo de la cual la Junta se establecería es el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, conocida como la Cláusula Territorial de la Constitución federal.
La consecuencia de la aprobación del H. R. 5278 para Puerto Rico no es otra que la imposición de una sindicatura total por parte del gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país. Pero más allá de nuestra realidad, también es un esfuerzo congresional dirigido a uniformar una política territorial por parte del gobierno de Estados Unidos sobre sus propiedades, posesiones y territorios.
Esa uniformidad, que no existe al presente, le permitiría a Estados Unidos identificar los pasos a seguir ante cualquier amenaza de impago de deudas contraídas por los gobiernos de sus distintos territorios insulares, independientemente del lugar donde se encuentren e independientemente de los modelos de gobernanza que cada uno de ellos tenga a la luz de leyes aprobadas por el Congreso. En nuestro caso, además, sin haber tomado una determinación final dirigida a incorporar el territorio o a permitirle a su pueblo el ejercicio de un legítimo proceso dirigido al ejercicio de su derecho a la libre determinación, la Junta propuesta sería un paso adicional por parte de Estados Unidos en la organización del ¨territorio¨.
El establecimiento de una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico cumpliría así un doble propósito: por un lado, asumir el control absoluto del manejo del presupuesto y las finanzas del gobierno de la colonia a los fines de asegurar, en primera instancia, el pago de la deuda acumulada a los bonistas y acreedores; de otro lado, la implantación de cambios y modificaciones en la organización política del ¨territorio¨, a los fines de hacer más viable el mantenimiento de su modelo colonial mientras desde el interior del país no surja afirmativamente un reclamo descolonizador mayoritario.
En nuestro caso, más que una medida económica, el H. R. 5278 debemos verlo como una medida política dirigida a revertir, mediante acción congresional, el modelo de gobierno creado y establecido temprano en la década de 1950. Mientras desde el país no surja un fuerte y contundente reclamo de descolonización que obligue a Estados Unidos a abrir un verdadero proceso de libre determinación, el Congreso podrá asegurar la permanencia de la relación de subordinación política del ¨territorio¨ bajo el nuevo esquema colonial de una llamada ¨Junta de Vigilancia Fiscal¨.
Los escritos finales recopilados por el autor en su libro plantean así la disyuntiva de que la estadidad, como opción política, sea una opción de futuro de Estados Unidos para Puerto Rico. Bajo la premisa de que nadie ¨es capaz de predecir los avatares de la política y geopolítica imperialista¨, José Alberto hace un llamado de urgencia a que prestemos atención a lo que llama su ¨percepción¨ de que ¨fuerzas importantes en Estados Unidos—ojalá me equivoque—han decidido darle paso al proceso hacia la estadidad.¨
En varios artículos el autor nos presenta la estrategia del PNP al plantearse la utilización del Plan Tenesí, según descrito por el economista Nicolás Muñoz en su artículo publicado en el periódico El Nuevo Día de 27 de noviembre de 2007, detallando sus cinco etapas, a saber: 1) los habitantes del territorio piden la estadidad y el Congreso no actúa; 2) los residentes del territorio proceden, sin intervención del Congreso, a elegir delegados para la redacción de su propia constitución; 3) se realiza una elección para la selección de senadores y congresistas; 4) se envía la delegación de funcionarios electos a vivir en Washington, cabildear en los pasillos y a votar simbólicamente sobre los asuntos votados por el Congreso y el Senado para demostrar la importancia del peso de sus votos; 5) forzar al Congreso como imperativo moral a aceptar la petición de estadidad.
Para alcanzar tal objetivo, claro está, sería necesario por parte del sector anexionista en Puerto Rico obtener el control no solo de las cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, el cual ya controlan. De ahí la importancia que el autor le adjudica a no permitir tal control de los poderes Ejecutivo y Legislativo de cara a una elecciones.
La experiencia de procesos anteriores en Estados Unidos partir de la experiencia de Tenesí en 1796 y hasta la más reciente en 1959 con Alaska, es que si bien no ha sido un proceso automático el ingreso del territorio como un estado, en todos los casos eventualmente la anexión formal como estado se ha dado. Para impedir tal derrotero, indica el autor, sólo un ¨proyecto de país¨ que permita ¨la convergencia entre autonomistas, soberanistas e independentistas¨ sería la respuesta.
Para concluir, llamamos la atención a lo que el autor nos advierte al final de su libro, al reproducir un escrito de 2008, que bien pudiera llevar por fecha el año 2016:
Considero que los precedentes históricos apuntan no sólo a la posibilidad sino a la probabilidad de la estadidad de lograr los dirigentes anexionistas encaminar la llamada consulta criolla y el Plan Tenesí. El mismo proceso y el debate que generaría podrían provocar la transformación de la política centenaria del gobierno permanente de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Un resultado podría ser la anexión como territorio incorporado. Esta posibilidad se fortalece en una coyuntura geopolítica en que la hegemonía de Estados Unidos en América está siendo retada seriamente…
Ante la afrenta que representa la reformulación sobre bases aún más precarias de relación política del modelo colonial y territorial, está la respuesta política de nuestro pueblo a favor del ejercicio de su libre determinación.
La repuesta del pueblo tiene que ser una de naturaleza política y esa respuesta política, junto con la suma de todas las formas de lucha, no puede ser otra que el reclamo de la descolonización de Puerto Rico, la transferencia de los poderes soberanos al pueblo puertorriqueño y el ejercicio pleno de nuestro derecho a la libre determinación.
Gracias José Alberto por la importante aportación que representa tu libro y tus ideas al debate político necesario en momentos en que se perfilan tan fluidas y cambiantes las rutas hacia el futuro de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.
* La presentación tuvo lugar el pasado 23 de junio en la oficina central del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, en San Juan.
