Abren nuevos frentes a raíz de la aprobación de PROMESA y los procesos de reestructuración de la deuda
por José A. Delgado
CLEVELAND, Ohio – Antes de que quede debidamente constituida la Junta Federal de Control Fiscal, diversas empresas de cabildeo están alineándose y tomando sus posiciones a fin de abrirse paso entre las nuevas oportunidades de influenciar y hacer negocios en los debates que se avecinan sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.
DLA Piper, que ha tenido frecuentes contratos con gobiernos de Puerto Rico y tiene oficinas en varios países, anunció esta semana la apertura de un bufete en San Juan.
Otras empresas consideran hacer anuncios similares próximamente, según fuentes de la industria del cabildeo.
El abogado Nikos Buxeda, que trabajaba en la firma Adsuar, Muñiz Goyco y Pérez Ochoa, será el socio gerente de la nueva oficina de DLA Piper, con presencia en 30 países.
DLA Piper también tendrá como socios en San Juan a Miriam de Lourdes Figueroa, José Alberto Sosa Lloréns y Manuel López-Zambrana.
Para DLA Piper se trata de una expansión de su presencia en Latinoamérica. “Puerto Rico está encaminado a tener inversiones significativas en los próximos años, y la nueva oficina trabajará en coordinación estrecha con los abogados de DLA Pipers en la región y en el mundo”, indicó Robert Gruendel, copresidente de la práctica legal de la empresa en Latinoamérica, pero con base en Nueva York.
Durante el gobierno de Luis Fortuño, DLA Piper tuvo contratos de cabildeo –sobre asuntos distintos– con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), a la misma vez que representaba a la firma Diageo, que estuvo involucrada en una guerra de relaciones públicas con la Isla en torno a los incentivos contributivos para la industria del ron.
DLA Piper tiene vigente un contrato de $150,000 con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), después de haber tenido uno por cerca de $1.6 millones durante el 2015-2016.
Cuando se llamaba Verner Liipfert tuvo también múltiples contratos con el gobierno de Pedro Rosselló.
Mientras, la firma de relaciones públicas DCI Group –vinculada a las campañas en contra de que el gobierno de Puerto Rico pudiera tener un mecanismo para reestructurar su deuda pública– ha contratado a West Front Strategies como nueva firma de cabildeo para los temas de la Isla.
Según la publicación O’Dwyers, un equipo de cinco personas manejará la cuenta de DCI, incluidos exasesores del pasado portavoz de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, y del actual líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.
DCI fue la firma que también utilizó el grupo conservador de personas jubiladas Asociación 60Plus para coordinar la campaña de relaciones públicas y publicidad en contra de los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico por alcanzar un estatuto que le permitiera reestructurar la deuda.
Por lo menos firmas de inversiones con bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el desaparecido banco Doral han tenido bajo contrato a DCI, de tendencia conservadora.
LA JUNTA FEDERAL
La ley PROMESA ordenó la creación de una junta federal de control fiscal que va a funcionar por encima de los funcionarios electos de la Isla y podrá impulsar procesos de reestructuración de la deuda pública, que supera los $68,000 millones.
El gobierno de Puerto Rico y las firmas de inversiones, normalmente con diferentes objetivos, han destinado grandes cantidades de dinero a los esfuerzos relacionados con una posible reestructuración de la deuda pública.
Solo en asuntos técnicos de reestructuración, el gobierno de Puerto Rico ha pagado cerca de $100 millones a empresas consultoras en EE.UU. Pero, los contratos a consultores estadounidenses otorgados por el gobierno de Puerto Rico a empresas que de una u otra forma lidian con la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla pueden superar los $275 millones, aunque los desembolsos puedan ser hasta el momento unos $100 millones menos, según los análisis de El Nuevo Día.
Una vez los procesos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico cobren impulso, la inversión pública y privada en abogados, cabilderos y asesores aumentarán tremendamente.
“No nos debemos olvidar, a riesgo de sonar cínicos, que en todas las crisis, como en las guerras, hay perdedores y ganadores. Hay gente que se aprovecha para levantar negocios y especular”, dijo el economista y profesor universitario Francisco Catalá.
Por lo general, agregó Catalá, puede tratarse de empresas que han participado antes de procedimientos similares a las juntas de control fiscal, por lo que “saben como operan”.
Nota: El socio de DLA Piper es José Alberto Sosa Llorens, no su hermano José Antonio Sosa Llorens,quien ha sido representante legal de las cooperativas de ahorro y crédito, conocidas como el G25, y ocupó el puesto de comisionado de Instituciones Financieras bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón.