Tribunal Federal,  Avenida Chardón.

por Melisa Correa Velazquez – EL VOCERO

Aunque reconoce el derecho de los manifestantes en contra de la Junta Federal de Control Fiscal, la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado, lamentó que los dirigentes del campamento, ubicado frente al portón principal de ese recinto no se hayan querido reubicar al otro lado de la avenida Chardón.

“(La protesta) Es un derecho avalado por la Constitución y como tal debe respetarse. No obstante, en una democracia, ese derecho no debe menoscabar ni ignorar los derechos de otras personas. En particular lamento mucho que los dirigentes de esos grupos no hayan querido aceptar la propuesta que se les hiciera de relocalizarse al otro lado de la avenida frente al tribunal donde hay mayor espacio y donde estarían más seguros ellos y las personas que visitan este tribunal a diario”, expresó Delgado a EL VOCERO.

“Por ejemplo, tener esa tarima en el medio de la avenida crea un problema de seguridad mayor para todos los peatones y conductores en la avenida Chardón que tienen derecho a transcurrir libremente por una vía principal. Por otro lado, con mucha pena he visto a personas con impedimentos físicos y a personas de edad avanzada que una vez estacionan en el estacionamiento de visitantes, se ven forzados a caminar por el medio del carril en una avenida tan transitada como es la avenida Chardón. A pesar de que sí han permitido el ingreso de los visitantes al tribunal mediante el paseo peatonal, no es menos cierto que a diario con permanecer con las casetas instalas frente al portón principal ponen en riesgo la seguridad de los que laboramos aquí, ya que en caso de una emergencia ese es el portón principal que permitiría acceso a vehículos como sería el camión de bomberos”, agregó.

Afirmó que la Junta Federal de Control Fiscal fue aprobada mediante la acción de la rama legislativa federal y de la rama ejecutiva federal.

“Sin embargo, la protesta se realiza frente al Tribunal Federal que pertenece a la rama judicial. La única rama que no ha tenido que ver con la aprobación de la Junta. Existe una concepción generalizada donde se percibe al Tribunal Federal como representante del ejecutivo y legislativo federal, cuando no es así. Formamos parte de una de las tres ramas de gobierno, pero funcionamos independientemente del ejecutivo”, mantuvo.

Manifestó que siendo miembro de la judicatura, los jueces del distrito atenderán en su debido momento los casos radicados relacionados a la Junta. “Como en cualquier controversia, se tendrá que hacer una interpelación y aplicación de la ley”, dijo.
En marzo pasado se estableció frente al Tribunal Federal un campamento en repudio a la aprobación de la Junta Federal de Control Fiscal la cual incidirá en el presupuesto y los planes fiscales de la Isla.

La Junta estará compuesta por siete miembros, elegidos por el Congreso y el presidente de Estados Unidos, y será establecida en septiembre.