En cuestión de semanas, el estado de las finanzas públicas se ha deteriorado tan rápida y drásticamente que la administración de Alejandro García Padilla ha cerrado el primer trimestre de este año fiscal con un sobregiro de efectivo en su cuenta principal de $370 millones.

En paralelo, y contrario a lo informado por el Departamento de Hacienda, los ingresos al Fondo General están cortos por al menos $27 millones. Ello, ha provocado que el Gobierno haya reducido en $355 millones su estimado de ingresos para el año fiscal en curso.

Y la situación luce tan complicada que el gobierno pondera activar la cláusula de clawback y retirar los ingresos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) para pagar las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) de Puerto Rico. La cláusula de retención, por virtud Constitucional, establece que el Gobierno puede tomar fondos asignados a otras corporaciones públicas para poder pagar a los bonistas.

Tales eventos están detallados en el informe operacional del Estado Libre Asociado, documento que el Banco Gubernamental de Fomento divulgó en la noche del viernes, a eso de las 8:49 p.m.

El informe de 223 páginas detalla que pese a múltiples medidas de emergencia como la activación de una reserva de $150 millones por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el gobierno puertorriqueño no tendrá dinero suficiente para cubrir el pago de la deuda pública.

El documento también advierte que muchos de los números provistos en el informe no incluyen todos los cheques girados por Hacienda y que no se han enviado a sus dueños y que algunas cifras muestran partidas que no pueden convertirse en efectivo para el fisco. Ese sería el caso de unos $30 millones en premios de la lotería que no han sido reclamados por los ganadores.

En contraste, a junio pasado, el gobierno tenía cuentas por pagar de al menos $2,000 millones.

“Las fuentes de efectivo del BGF podrían agotarse en su totalidad antes de que termine el año calendario”, reza el informe.

Así las cosas, el documento indica que la administración García Padilla pondera otras alternativas, pues hay “una alta probabilidad” de que el Gobierno no solo termine con un déficit del Fondo General sino que no tenga liquidez antes de que termine el año calendario “para cubrir todas sus obligaciones de deuda mientras provee servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico”.

“El gobierno podría tener que tomar medidas extraordinarias adicionales de manejo de efectivo para mantener suficiente liquidez para proveer servicios esenciales”, reza el documento.

Entre las medidas que se analizan figura “utilizar ciertos impuestos y otros ingresos previamente asignados por ley a la ACT y a la ADC” para el pago de los GOs. Mientras, se pondera reducir los servicios públicos y “se continuaría retrasando” el pago a suplidores, así como el pago de reintegros a contribuyentes.

Si bien el informe habla de un sobregiro de unos $370 millones, esa cifra aumenta a $676 millones cuando se considera que Hacienda no ha enviado por correo unos $306 millones en reintegros, cuyos cheques preparó en los meses de agosto y septiembre pasados. En esos cheques aguantados figuran $30 millones del crédito que deben recibir las personas de edad avanzada.