por Luis J. Valentín Ortiz
Al día de hoy, los puertorriqueños hemos pagado $22 millones para la operación de la junta de control fiscal, según requiere Promesa. Esto a razón de $2 millones al mes desde la firma de la ley federal el pasado 30 de junio. Incluso pagamos $2 millones por el mes de junio, cuando aún no se habían nombrado los miembros de la junta y Promesa llevaba menos de un día de vigencia.
Y aunque la ley permite al ente rector que, a su entera discreción, devuelva cualquier excedente en fondos que no necesite para sus operaciones, esto último no ha ocurrido.
De hecho, el presupuesto de la junta se duplicaría a partir del próximo 1 de julio, con el comienzo del nuevo año fiscal, a juzgar por el plan que presentó la administración de Ricardo Rosselló el pasado 28 de febrero. El documento proyecta que el ente recibirá $24 millones adicionales a lo que reciba durante el año fiscal corriente. Esto supondría un impacto de $48 millones al erario.
Arthur González, el presidente de la junta fiscal, José Carrión III, y Ana Matosantos durante la sexta reunión pública del ente rector el pasado 31 de marzo. (Juan J. Rodríguez/CB)
El borrador del plan sometido en octubre pasado por el exgobernador Alejandro García Padilla ya estimaba que la junta costaría hasta $350 millones en sus primeros dos años. Según fuentes con conocimiento de las operaciones de la junta, este número estaba atado al gasto en abogados y asesores que trabajarían los litigios sobre la reestructuración de la deuda pública.
“Es una locura pensar que solamente serán $48 millones el próximo año (fiscal)”, sostuvo una de las fuentes, quien asegura que el costo podría ser mayor, ya que esa cifra no necesariamente considera “los gastos de los abogados de la junta que participarían en los procesos de reestructuración ante un tribunal”.
“Hay gastos administrativos que se reclamarían ante el tribunal para su pago, pero que no necesariamente se incluyen en el presupuesto (de la junta) bajo la sección 107 (de Promesa)”, añadió la fuente en referencia al Capítulo III de la ley federal, mediante el cual el tribunal evaluará y requerirá la compensación de todo profesional que contrate el gobierno y la junta como parte del proceso de reestructuración.
Al cierre de esta edición, los portavoces de la junta no habían contestado las múltiples comunicaciones realizadas por este medio para conseguir información al respecto, incluyendo la confirmación del estimado de gastos según el plan fiscal certificado el 13 de marzo.
Por otro lado, se desconoce cuál será la fuente de ingreso permanente que se le asignará a la junta para financiar sus operaciones, según requiere Promesa. Así lo admitieron a CB en Español la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda. Esto debió haber ocurrido hace ocho meses.
Es por esto que, a más tardar el quinto día de cada mes, todavía se transfieren los $2 millones mensuales. Esta cantidad podría ser mayor si así lo dispone la junta, pero ambas agencias aseguraron que no se ha desembolsado ni un centavo más.
Por su parte, el gobernador Rosselló sostuvo el pasado viernes que, en este proceso, debe permear la “rendición de cuentas”.
“Si bien es cierto que el Congreso, mediante el proyecto Promesa, le permite una cantidad de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal, no es menos cierto que son fondos públicos del pueblo de Puerto Rico”, sentenció el mandatario a preguntas sobre los $625,000 anuales que devengará la directora ejecutiva del cuerpo, Natalie Jaresko. “Tiene que haber una razón para dar un salario excesivo”.
Horas después, el presidente de la junta, José Carrión III, fue enfático al decir que no revisará el acuerdo con Jaresko, el cual forma parte de una lista de contratos que ya supera la veintena.
Aún sin conocer sus gastos
Un análisis de CB en Español demuestra que la junta habrá gastado más de $20 millones al concluir este año, tomando en cuenta solo 15 de los contratos otorgados por el ente hasta el 31 de marzo. Esto no incluye el costo de los asesores del gobierno de Puerto Rico que trabajan en ese tema. Tampoco los contratos de la junta con varios bufetes y asesores que serán compensados a base de horas trabajadas.
“El Congreso les da una carta blanca para hacer todos estos gastos”, sostuvo la comisionada residente, Jenniffer González, a preguntas de CB en Español sobre la posibilidad de que la junta pida más dinero para su funcionamiento.
“Le dan una libreta de cheques para hacer los pagos. Si el gobierno va a pagar en consultores (…) más tiene que hacer lo mismo para la junta, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No pueden ser los mismos asesores y economizarnos esos chavos?”, recomendó.
Para conocer “al chavo” los ingresos y gastos de la junta, tocará esperar hasta, como tarde, el 1 de agosto. Esta es la fecha límite para que el ente publique su informe financiero auditado en el que deberá detallar “la manera exacta” en la que gastó los fondos públicos recibidos, según los requisitos de Promesa.
Con copia al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el gobierno local, el reporte anual de la junta también contendrá el “progreso logrado por el gobierno del territorio”, la “asistencia provista” por la junta y recomendaciones al gobierno federal sobre posibles acciones y legislación, incluyendo cambios a Promesa.
Sin fuente de ingresos permanente
A pesar de que el estatuto federal establece que a los 30 días de firmada la ley, el “gobierno territorial” debía identificar una fuente de ingreso permanente para la junta, ni la administración de García Padilla ni la actual han cumplido con ese requisito hasta el momento.
La OGP ni Hacienda pudieron precisar cuál será la fuente de ingresos que estaría dedicada exclusivamente para pagar los gastos de la junta. Una portavoz de OGP manifestó que esa asignación dependerá de la propuesta de gastos que la junta presente para el próximo año.
El estatuto federal enfatiza, sin embargo, que la fuente de ingresos para pagar la junta no puede estar sujeta a la discreción de la Legislatura bajo el proceso presupuestario ordinario. Debe ser un proceso parecido a lo que ocurre con ciertos arbitrios, impuestos y otras fuentes de recaudos asignadas de manera exclusiva y recurrente y que no dependen de las apropiaciones que autorice la Legislatura cada año.
A presentar su presupuesto antes de junio
Mientras el gobierno trabaja en el borrador del presupuesto que deberá entregar a la junta en o antes del 30 de abril, el ente también deberá hacer lo propio en o antes del 1 de junio, según establece su reglamento.
El presupuesto de la junta –cuya confección y aprobación recae en ellos mismos– deberá ser compartido con la Casa Blanca, el Congreso, el gobernador y la Legislatura.
Promesa ordena a la junta a asegurarse de que siempre contará con fondos suficientes para pagar por sus gastos y funcionamiento. Para esto, tiene el poder de intervenir en el proceso presupuestario de Puerto Rico y requerir la fuente de ingreso para su uso exclusivo.