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Primero de mayo en la Universidad de Puerto Rico (UPR.)
por Berta Joubert-Ceci
Un día antes del Día de las y los Trabajadores —el Primero de Mayo— en Puerto Rico ya se ha logrado un avance importantísimo: unidad en acción. Los sindicatos, y toda una gama de movimientos estudiantiles, ambientales, de mujeres, lgbt, y otros sectores, han estado activamente promoviendo el Paro Nacional del 1 de mayo.
Han usado todos los medios a su alcance: redes sociales, anuncios por la radio, manifestaciones de adhesión en los centros comerciales, teatro callejero, conciertos de concientización, pegatinas, distribución de volantes informativos, pintadas en paredes, etc. Grupos de jóvenes acuden a oficinas donde hay congregadas muchas personas para informarle al pueblo del peligro que corre el país. La consigna general es un llamado al pueblo: ¡Únete a la lucha!
Porque este Primero de Mayo en Puerto Rico no será uno de celebrar la victoria de los mártires de Chicago, no; será uno de retomar esa bandera de lucha porque lo que se juega ahora en el archipiélago boricua es la propia vida de su pueblo, y ese pueblo ha decidido luchar. No se resignan a que sus vidas y el futuro de generaciones sean una simple colateral en una transacción mercantil.
¿Cuál es la lucha?
La lucha es contra una tormenta de ataques a todos los niveles contra la clase trabajadora. Podría resumirse como la lucha contra el intento del gran capital de destruir el archipiélago de Puerto Rico y reconstruirlo para su beneficio.
Desde que el Congreso de EUA pasó la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) el pasado año imponiendo una Junta de Control Fiscal no electa que se convierte automáticamente en el real gobierno dictatorial de PR, se ha ido avanzando en aplicar muchas de las medidas delineadas por el FMI contenidas en el Plan Kruger de 2015 que se presentó bajo la pasada administración del PPD. Tanto el Plan Kruger como la JCF son el resultado de los intereses capitalistas por imponer medidas de austeridad que aseguren el pago de una deuda pública ilegítima y odiosa de $74 miles de millones.
Para esto, la JCF cuenta con la incondicional colaboración del gobierno de turno de Ricardo Roselló, del partido PNP que promueve activamente la estadidad. Un gobernante colonial arrodillado y sumiso frente a las exigencias del imperio. Acompañado por una legislatura sin dientes que ha avalado casi sin enmiendas, todas las criminales medidas que surgen de la Fortaleza – casa del gobernador.
En una larga pero rápida serie de presentaciones por el gobierno de un Plan Fiscal que satisfaga el apetito de los bonistas, un devastador Plan finalmente fue aprobado por la JCF. Para cumplir con este plan, el gobierno ha sometido las más devastadoras medidas y proyectos de ley que aumentan significativamente el costo de vida del pueblo, a la vez que recortan salarios y servicios. Es decir, la obscena estrangulación de un pueblo.
Estas leyes ya han sido aprobadas rápidamente por la Legislatura de PR sin ninguna vista pública, y con reuniones a puertas cerradas. La primera, presentada a pocos días de asumir su puesto de gobernador, es la privatizadora Ley 1 para enmendar la Ley de Alianzas Público Privadas (APPs). Según el economista Argeo Quiñones, “la idea de las APP en Puerto Rico “se ha desvirtuado”, (cb.pr, 10 de febrero) pues en lugar de tratarse de una unión de esfuerzos entre el sector público y el privado, se ha convertido en una venta de bienes públicos rentables para recibir un pago millonario de golpe.
Entonces, bienes públicos rentables están siendo llevados a la bancarrota para luego venderse “a precios de quemazón”. (cb.pr, 10 de febrero)
Luego aprobaron la reforma laboral, la Ley de Transformación y Flexibilización Laboral (Ley Núm. 4 de 2017), con la excusa de estimular la economía. Pero como su nombre tenebrosamente indica, esta ley que afecta a trabajadoras/es nuevos en el sector privado, representa un retroceso y la pérdida de derechos adquiridos, como el de las ocho horas, uno de los logros que se conmemoran el Primero de Mayo. Trae además entre otras imposiciones, la reducción de salarios y de días de vacaciones y enfermedad, menos tiempo para reclamar compensación luego de despido, disminución del bono de navidad, y la extensión del período de probatoria, además de dividir las/os trabajadores en una misma empresa.
La próxima ley en aprobarse fue la Ley 8 del Empleador Único que afecta al sector público. Esta establece al gobierno como empleador único. Facilita la flexibilidad del gobierno para mover a las/os trabajadores de una agencia a otra, que podría ser incluso hacia el sector privado. Las/os trabajadores movidos perderían la protección que tenían bajo los convenios colectivos, además del tiempo acumulado, entre otros beneficios y derechos.
Pero es la última ley aprobada el pasado 27 de abril que da la estocada final: la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno. Entre las pérdidas para la clase trabajadora están: dejar sin efecto convenios colectivos; limitar días feriados a 15; se pierde pago por días de enfermedad o vacaciones no utilizados; no se pagarán horas extras; el gobierno y los funcionarios tendrán inmunidad por daños o perjuicios; el patrono podrá reasignar sin consultar al empleado, etc.
Mientras se recortan los ingresos a toda la clase trabajadora, se imponen más impuestos en todas las categorías: de ventas, de servicios, de solicitud de permisos, etc. Aumentan en un 70 por ciento las multas de tráfico y aumentan los peajes. Se recortan o suspenden los subsidios para los municipios. Esta última medida es altamente perjudicial porque son los municipios quienes atienden directamente las necesidades de sus residentes. Se perderán las asignaciones para diversos programas, desde arte, cultura y deportes, hasta seguridad y programas de protección de la mujer.
Otros recortes son: Mil millones de dólares a salud; reducción del 10 por ciento en pensiones; reducción de jornadas laborales y cierre de cientos de escuelas.
Y el golpe mortal, la imposición de un recorte de más de $600 millones al presupuesto de la única universidad pública, la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La importancia de esta institución, que tiene 11 recintos a través de la isla, no es solamente que es pública y por lo tanto ofrece la oportunidad de obtener una educación de calidad a bajo costo a los sectores más pobres. Contribuye además al desarrollo cultural boricua; es un centro de debates democráticos sobre diversos aspectos; es fuente de economía en ciudades pequeñas; contribuye a la preparación de profesionales para el desarrollo de PR, orientada al servicio y las necesidades del país, no por su valor en el mercado – a diferencia de las universidades privadas. Es un centro de investigación que sirve no solo a PR, sino a diversas agencias incluso en EUA. Por ejemplo, muchas/os graduados de la UPR son activamente reclutados por la NASA. La UPR es el futuro mismo del país, y su destrucción sería la destrucción del país.
Huelga estudiantil
Así lo entiende el estudiantado y la facultad de la UPR. Por eso desde el 28 de marzo, el Recinto de Río Piedras – el más grande – ha estado en huelga, ahora indefinida. Han celebrado asambleas democráticas donde han participado hasta 10,000 estudiantes. Otros recintos se han sumado, 8 de los 11. La huelga es una constante movilización que ha captado el apoyo del sindicato de profesoras/es de la misma UPR, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), de otros sindicatos y de múltiples organizaciones.
Pero no solo están luchando por la educación pública. Su lucha es la lucha por el pueblo. En contra de la JCF y las destructivas medidas propulsadas por el gobierno. Exigen que se audite la deuda, a lo que el gobierno – y la JCF – se ha negado eliminando incluso la Junta para la Auditoría integral independiente. Auditar la deuda se ha convertido en el grito de batalla, pues se sabe que la deuda se contrajo por medios corruptos donde ambos partidos que se alternan en el gobierno han sido culpables. Además de bancos y agencias financieras como el Santander, Wells Fargo, UBS y otros.
El gobierno acusa a las/os manifestantes de “delincuentes”, a lo que el estudiantado responde diciendo “somos ciudadanos, no somos criminales”.
El gobierno sin embargo, ha aumentado las medidas represivas, llegando incluso a nombrar un ex jefe de la policía de PR que había trabajado por más de 25 años en el FBI, Héctor Pesquera, como jefe del nuevo Departamento de Seguridad Nacional.
Sabe muy bien el gobierno que las nefastas medidas que estrangulan al pueblo despertarán un gran oposición, no solo de estudiantes, y se está preparando criminalizando la protesta.
Las consecuencias de todas estas medidas son inimaginables. Se seguirá el robo de trabajadoras/es y personal especializado por diferentes estados de los EUA. Aparte del robo de científicos por la NASA y centros hospitalarios, hay una proliferación de Departamentos de Educación que van a PR a reclutar maestras/os, entre ellos, desde Texas, de la ciudad de Buffalo en NY, de Florida, etc. ¡La ciudad de Baltimore fue a reclutar policías!
Pero mientras se vacía la isla de boricuas, se incentiva la residencia de millonarios de los EUA por medio de enormes incentivos de exención contributiva.
Otro aspecto que hay que señalar es la contratación obscena de “consultores” o “expertos” de los EUA. Roselló nombró como secretaria de educación nada menos que a Julia Keleher, una consultora oriunda de Filadelfia con un sueldazo de más de $120,000 por seis meses. No solo es la secretaria de educación, sino que también será la asesora de reestructuración de ese mismo departamento.
Otros contratos recientes que son bofetadas al pueblo – cuando se dice que hay que hacer recortes pero se encuentran millones para consultorías – son la contratación de Natalie Jaresko, nacida en Chicago de origen ucraniano, quien fue empleada del Departamento de Estado para intervenir en la economía de Ucrania. Ahora es la directora ejecutiva de la JCF. A estos contratos se añade el de otra estadounidense, Andrea Bonime Blanc, con un sueldo de $750 por hora como ¡oficial de ética de la JCF!
La pregunta queda del por qué ahora de estos ataques para destruir a Puerto Rico. Como colonia, PR ha servido los intereses del imperio según variaban sus necesidades. Desde la situación geográfica de PR para los intereses militares de EUA, como enorme plantación azucarera, como centro de producción farmacéutica o de refinerías petroquímicas, o de tecnología. Ahora, en esta fase cuando el capitalismo está en su fase decadente, ¿cuál será el papel que quieren de PR?
Workers World-Mundo Obrero le preguntó a Luis Pedraza Leduc, de la Coordinadora Sindical y ProSol UTIER (Proyecto de Solidaridad de la UTIER).
WW-Mundo Obrero: Por qué piensas que EUA ha lanzado este enorme ataque a PR en estos momentos? ¿qué interés tienen para PR ahora?
Luis Pedraza Leduc: “Creo que el tema de la deuda se aprovechó para (1) efectivamente cobrar y (2) reestructurar el gobierno mediante un proyecto gigante de privatizar energía, agua, carreteras y tierras. Este proyecto en el caribe tiene un mercado cercano dentro de los intereses políticos que son Venezuela y Cuba.
Creo que el modelo económico considera que no necesita de un gobierno colonial necesariamente, sino de la penetración del capital de formas diversas, APP, préstamos, bonos, asesoramiento técnico y abrir mercados al capital. PR será la vitrina del capitalismo”.
Cuando el ataque es tan monumental, no es hora de pelear a la defensiva ataque por ataque. Es hora de la ofensiva de la forma que el pueblo decida. Y cuando se quiere criminalizar a la resistencia, hay que exponer más fuerte que nunca, los crímenes de EUA contra el pueblo boricua. Unir fuerzas. Y como dice nuestro héroe nacional Don Rafael Cancel Miranda: “Se llega más pronto a la meta de pie que de rodillas”.
¡Solidaridad activa para el pueblo boricua en lucha! ¡Viva la lucha obrera!
¡Auditoría integral de la deuda y cárcel a los culpables!
¡No a la represión del movimiento!
¡No a los recortes de la UPR!
¡Viva PR libre!