por mundo.sputniknews.com/
MADRID (Sputnik) – La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió prisión incondicional para el mayor de los Mossos d´Esquadra —la policía autonómica catalana—, Josep Lluís Trapero, que es investigado por su posible implicación en un delito de sedición durante las protestas del pasado 20 de septiembre en Barcelona.
Está previsto que la magistrada Carmen Lamela de la Audiencia Nacional decida sobre la solicitud del Ministerio Fiscal a lo largo de esta tarde, según informaron fuentes jurídicas.
Trapero acudió este 16 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar por segunda vez por un por un presunto delito de sedición relacionado con la concentración frente a la sede de la consejería de Economía del Gobierno catalán del pasado 20 de septiembre.
El jefe de los Mossos fue llamado a declarar por segunda vez después de que la Guardia Civil entregara al tribunal un informe en el que acusaba al cuerpo catalán de actuar como “brazo ejecutor” de una estrategia diseñada por el independentismo catalán al margen de la ley.
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Miles de personas se manifestaron durante horas frente a la sede gubernamental en respuesta a los registros y detenciones que la Guardia Civil realizó en el mismo como parte del operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre.
En esa concentración los manifestantes no impidieron los registros pero dificultaron enormemente la labor de las autoridades, hasta el punto de que algunos de los encargados de las pesquisas tuvieron que abandonar el edificio por la azotea.
La jueza intenta dilucidar si los Mossos d”Esquadra jugaron de manera deliberada un papel demasiado pasivo ante los manifestantes, lo que puede suponer un incumplimiento de las órdenes de jueces y fiscales que ordenaron los registros.
En esta misma causa es investigada la intendente de los Mossos Teresa Laplana —para quien la jueza acordó este lunes libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaporte— y los líderes de las principales organizaciones civiles del independentismo catalán, Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural).
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Estos dos últimos son investigados como instigadores de las protestas bajo la presuposición de que ambos forman parte de un “comité estratégico” encargado de ejecutar la hoja de ruta independentista de Cataluña.
La descripción del delito de sedición en el Código Penal —recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel— “encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de Gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado”.
Este delito se aplica a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.