Secretario del Tesoro dice que el status territorial no da herramientas para salir de la crisis fiscal
por José A. Delgado – jueves, 21 de enero de 2016
Convencido de que la suerte del empeño por lograr que el Congreso autorice reestructurar gran parte de la deuda pública entra en una etapa crítica, el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, buscó ayer avivar al liderato de la Isla para que retome los esfuerzos de presión y cabildeo en Washington.
Aunque tuvo también la oportunidad de recibir de primera mano el parecer de autoridades del Gobierno, representantes de la empresa privada, sindicatos y líderes religiosos, Lew llevó un mensaje común: el proceso legislativo vuelve a cobrar fuerza y el problema de liquidez del Gobierno de Puerto Rico comenzará a tener muy graves consecuencias este verano.
Entre mayo y el 1 de julio, el Gobierno tiene que cumplir con casi $2,500 millones en el servicio de la deuda.
“No es un caso en el que esperar puede ayudar. La espera lo que va a hacer es tornar las cosas más complicadas, desordenadas y costosas”, dijo Lew a periodistas entre medio de su jornada de reuniones en San Juan, antes de viajar anoche a Davos (Suiza) para el Foro Económico Mundial.
La administración del presidente Barack Obama ha propuesto al Congreso que autorice la reestructuración de gran parte de la deuda pública de Puerto Rico –que ronda los $69,000 millones–, cree una junta de supervisión fiscal, encamine la paridad en el programa Medicaid y extienda a la Isla los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).
Los republicanos han frenado todas esas propuestas.
“Como territorio, el status de Puerto Rico no le da las herramientas para lidiar con esta crisis. Puerto Rico merece tener las herramientas para resolver sus propios problemas, y es nuestra obligación, y del Congreso, hacer que eso ocurra”, indicó Lew, en declaraciones a El Nuevo Día.
Al liderato puertorriqueño, Lew le enfatizó que el debate sobre la crisis fiscal y de deuda pública ha alcanzado más prominencia que nunca en EE.UU. y consideró que la mayoría republicana de la Cámara baja va a tratar de encaminar alguna legislación en las próximas semanas.
La próxima audiencia del Congreso sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico está prevista para el martes, en el subcomité de Asuntos Insulares, con el propósito de examinar la creación de una junta de control o supervisión fiscal y tras la promesa del speaker Paul Ryan de proponer al pleno cameral alguna medida antes de que termine marzo.
Los dos proyectos de ley republicanos presentados en diciembre en el Congreso, con diferentes acentos, impulsan la creación de una junta de control fiscal, que le arrebate al Gobierno de Puerto Rico la decisión final sobre presupuestos y planes fiscales.
Lew estuvo cerca de una hora reunido en la mañana con el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo fiscal, encabezado por la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo.
Con Lew estuvo ungrupo de asesores del Tesoro, incluido el número tres en funciones, Antonio Weiss, y el director de la Oficina de Finanzas Estatales y Locales, Kent Hiteshew.
Escoltado por el Servicio Secreto, que elevaba el séquito a unas 20 personas, el secretario Lew inició la jornada a las 8:18 a.m., con su reunión con el gobernador.
“Fue muy buena la reunión con el secretario y su equipo, que sigue siendo la pieza clave de la administración del presidente (Barack) Obama para atender la crisis fiscal”, dijo el gobernador García Padilla, tras la reunión.
Proceso legislativo
El secretario Lew también tuvo una conversación de media hora con el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, la cual se centró en la posible legislación que puede redactar el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes una vez se celebre la audiencia del martes del subcomité de Asuntos Insulares.
“Recursos Naturales es el foro ideal porque tiene jurisdicción sobre el bienestar de los territorios”, dijo Pierluisi, al indicar que una posibilidad es que la junta federal de control o supervisión fiscal que impulse esa comisión sea el “actor principal para propiciar la reestructuración”.
Si el Comité de Recursos Naturales le concede a una junta federal algún poder sobre un futuro proceso de reestructuración, se lograría obviar el Comité de lo Jurídico, que tiene jurisdicción sobre el código de quiebras y ha bloqueado la legislación de Pierluisi dirigida a ofrecerles a las corporaciones y municipios de Puerto Rico acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, para reestructurar por lo menos parte de la deuda pública.
Otra posibilidad que discuten en el Congreso es que el Comité de Recursos Naturales promueva una legislación basada en la creación de una autoridad federal fiscal sobre Puerto Rico y deje para el hemiciclo cameral el debate sobre un mecanismo de reestructuración, según fuentes demócratas que temen que esa alternativa termine por sellar la derrota sobre el acceso al capítulo 9.
“Puerto Rico puede y va a salir de la crisis actual y volver al crecimiento. La pregunta fundamental es cuándo y a qué costo. El pueblo de Puerto Rico se está sacrificando, pero a menos que el sacrificio sea compartido por los acreedores en una reestructuración ordenada, no hay camino a la vista para salir de la insolvencia y de vuelta al crecimiento. Sin la acción del Congreso, Puerto Rico se enfrentará a un largo y difícil proceso de recuperación que podría tener consecuencias perjudiciales para los ciudadanos estadounidenses que habitan la Isla”, indicó el secretario Lew.
Para el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, muy activo en las discusiones en Washington sobre la crisis fiscal, el mensaje del secretario del Tesoro es que “si logramos la reestructuración de la deuda, todo lo demás –mejor trato en Medicaid y otros incentivos para la economía–, va a venir después”.
Pero ello no evitó que Lew se enfrentara a demandas para que el presidente Obama tome medidas administrativas que eviten un impago masivo entre mayo y julio, cuando la administración García Padilla y el propio gobierno de Obama ahora prevén que será inevitable que la situación toque fondo y afecte gravemente servicios básicos del Gobierno.
Pierluisi dijo que aunque el proceso de reestructuración (por ley o negociación), es inevitable y parte fundamental de la solución, va a requerirse un préstamo del gobierno federal, financiamiento de los acreedores o un acuerdo de indulgencia con los bonistas para evitar que explote este semestre el problema de liquidez.
Lew, como ha hecho el gobierno de Obama por meses, a pesar de los reclamos de amplios sectores que piden iniciativas ejecutivas, mantuvo que “no dejaremos de levantar piedras en busca de cosas que podemos hacer tanto en términos administrativos y de nuestra autoridad para tratar de lograr progresos”. Pero insistió en que “aun utilizando todas las herramientas que tenemos, no seríamos tan efectivos como acción del Congreso”.
Control o supervisión
Lew evitó precisar -a preguntas de periodistas y en las reuniones con políticos de la Isla-, las funciones de la junta de supervisión fiscal que propone y que dice respetará la autonomía local del Gobierno de Puerto Rico para aprobar presupuestos y planes fiscales.
“Los retos de organizar un proceso de supervisión es asegurar que es exhaustivo y hecho con respeto. La realidad es que se tienen que tomar acciones duras, y francamente se están tomando acciones duras. Tener un mecanismo que asegure que las acciones tomadas coinciden con los retos, es importante, en términos de persuadir a las partes interesadas a que hagan lo que tienen que hacer y en términos de alcanzar las metas”, dijo el secretario del Tesoro.
También eludió entrar en el debate de fondo sobre si la argumentación legal del Procurador General en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, en el que el gobierno de Obama mantiene que el Congreso sigue siendo la fuente de poder principal sobre Puerto Rico, puede crearle una responsabilidad vicaria al gobierno federal en el pago de la deuda pública.
“Hemos sido claros -según el secretario Lew-… la posición del presidente es que la libre determinación de Puerto Rico en torno a su sistema de gobierno propio es algo en lo que él y nosotros seguimos creyendo, como cuestión de principios”,