Monitor federal denuncia que las más recientes promociones no cumplen con las disposiciones de la reforma policial
A pesar de las mejoras sustanciales en el currículo y entrenamiento en la Academia de la Policía, el asesor técnico de la Uniformada (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, expresó su “decepción” por la manera en que aún se otorgan los ascensos en el cuerpo policial y por la falta de interés del hoy exsuperintendente José Caldero para implementar cambios en el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.
“A pesar del progreso en la planificación, desarrollo de la política de la Policía y del entrenamiento, hay tres áreas claves del acuerdo que representan una enorme decepción y un retroceso hacia su implementación. Estas áreas son los ascensos, un estudio del personal y la reorganización del Negociado de Drogas y Armas Ilegales”, reza el quinto informe del monitor federal, contenido en el expediente del caso sobre la demanda incoada por el Departamento de Justicia federal contra la Policía por violaciones a los derechos civiles de los residentes en la Isla.
Este pleito produjo la ratificación de un acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y de Puerto Rico para la realización de la reforma policial. El caso es presidido por el juez federal Gustavo Gelpí.
El quinto informe comprende un periodo de seis meses que concluyó el 9 de diciembre de 2016.
Claudio expuso que en informes previos recomendó que no se hicieran ascensos adicionales hasta que concluyera el estudio del personal y tras asegurarse de que las decisiones para estas acciones estuvieran basadas en las necesidades operacionales y en el establecimiento de un sistema riguroso de promociones por mérito.
“Los recientes ascensos por parte del superintendente José Caldero están plagados de deficiencias, en violación de los términos del acuerdo y de la opinión del TCA. Han causado daño irreversible hacia la implementación de un plan de carrera para supervisores, al habérsele dado una ventaja injusta a individuos que carecían de las calificaciones para ser ascendidos”, apuntó Claudio.
Esta aseveración del funcionario federal surge, según el documento, tras revisar los expedientes utilizados para el ascenso de los candidatos. Comentó que las promociones se efectuaron a pesar de que había sostenido reuniones con el entonces secretario de Justicia, César Miranda, y Caldero sobre este asunto.
Estudio en el limbo
En cuanto al estudio del personal, el mismo estaba supuesto a ser terminado en junio de 2016. Sin embargo, a la fecha de este informe la Policía ha incumplido con esta fecha límite y al parecer no podrá cumplir con ese requisito durante la primera parte de 2017.
“La responsabilidad de este incumplimiento recae en el liderazgo de la Policía de Puerto Rico”, sentenció el monitor.
Sobre las controvertidas divisiones de Drogas, indicó que en los pasados seis meses se registraron los continuos problemas estructurales y operacionales de este grupo de trabajo.
Mantuvo que “durante la preparación de la nueva orden general hubo una carencia de apertura y transparencia por parte del liderato de la Policía de Puerto Rico al rechazar la cooperación del TCA y su asistencia técnica”.
Señaló que durante el referido periodo de seis meses, el público continuó leyendo artículos de prensa sobre incidentes de alegados actos de corrupción y violaciones de derechos civiles por parte de los miembros del Negociado de Drogas.
“Estos incidentes reflejan un patrón de conducta de desorganización y de falta de liderato y dirección. Nuevamente, el TCA recomienda una completa reorganización operacional a ser implementada de inmediato”, apuntó.
Expuso que desde que fue nombrado a su puesto ha incluido recomendaciones para mejorar y reformar ese negociado. “El TCA está muy preocupado por el persistente rechazo por parte de la Policía de Puerto Rico para acatar el acuerdo y proveerle al TCA los récords que ha solicitado sobre el Negociado de Drogas y Armas Ilegales”, denunció.
Aseguró que, según el acuerdo, el TCA tiene derecho a acceder los expedientes. Reveló que le solicitó a Caldero los exámenes de las pruebas de polígrafo realizadas a los agentes de Drogas y que el funcionario rehusó proveérselos.
El monitor federal argumentó que todavía ese negociado permanece “bajo un velo de sospecha debido a los numerosos reportes de incidentes de conducta antiética, arrestos e incluso convicciones de algunos de sus miembros”.
“A pesar de las recomendaciones del TCA y de su asistencia para un cambio, la mayoría de las importantes sugerencias para mejorar parecen haber sido rechazadas. La Policía debe comprometerse a efectuar cambios sustanciales e implementar remedios, o el público continuará viendo esta importante parte de las operaciones de la Policía de Puerto Rico con desconfianza y recelo”, afirmó.
De paso, urgió a la nueva superintendente, Michelle Hernández de Fraley, a darle prioridad a la reorganización del Negociado de Drogas.
Asimismo, Claudio observó la orden “de transición” emitida por el juez Gelpí, durante el pasado año electoral, para prevenir la transferencia de personal crítico que pueda poner en riesgo el proceso de reforma policial.
EL VOCERO hizo gestiones para conseguir una reacción de Caldero al más reciente informe de Claudio, pero al cierre de esta edición no había devuelto la llamada.
MELISSA CORREA VELÁZQUEZ, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.