jelnuevodia.com – jueves, 7 de enero de 2016
La creciente emigración puertorriqueña, principalmente hacia ciudades del sureste de Estados Unidos, ratifica la gran urgencia de nuestro País de diseñar y poner en marcha cuanto antes un plan que incentive nuestra economía y detenga la obligada fuga de capital humano que empobrece más las arcas de Puerto Rico.
Esta ola migratoria agrava la ya precaria sostenibilidad del Estado, debido en gran medida a que muchos de los que dejan el País son profesionales y trabajadores diestros en edad productiva.
Por eso es preciso poner fin a estos números oficiales alarmantes: solo en la primera mitad de 2015 se marcharon de Puerto Rico 71,297 personas. En 2014, la cifra de emigrados ascendió a 83,010, alrededor de 12,000 más que en los primeros seis meses del año que acaba de terminar.
Si se confirmara la misma tendencia para la segunda mitad de 2015, Puerto Rico habría perdido el año pasado más de 142,000 habitantes.
Como el alto costo de vida y la escasez de empleo han sido los detonantes principales de la fuga de talentos que ha experimentado el País en años recientes, nos preocupa que las administraciones de gobierno de la última década no hayan sido proactivas en la búsqueda de soluciones para evitar una emigración tan dramática.
Los ingredientes principales de la receta para superar la crisis fiscal que agobia a los hogares puertorriqueños son reestructurar gran parte de la deuda pública que ronda los $70,000 millones, reorganizar el gobierno para hacerlo viable y eficiente, y adoptar un plan económico que incentive a la empresa privada y elimine las trabas que obstaculizan su crecimiento.
La administración actual se ha concentrado en reestructurar la deuda tratando de lograr acuerdos voluntarios con acreedores, en vista de que el Congreso sigue renuente a aprobar legislación que permita por lo menos a las corporaciones públicas puertorriqueñas acceder a la protección del Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
En este último año del cuatrienio, empero, el gobierno tiene que acelerar sus esfuerzos de reorganización pública ante la realidad de sus mermados ingresos y su cada vez más disminuida capacidad para enfrentar el pago de la deuda.
La clave es identificar las avenidas para lograr la eficiencia de los recursos y procurar que no se afecten los servicios esenciales a los que tienen derecho los ciudadanos.
Igualmente importante es la ejecución de un plan estratégico que lleve a la empresa privada a crear la actividad económica que motive a nuestros trabajadores a producir para Puerto Rico. Para lograrlo, el gobierno debe convertirse en un verdadero facilitador, eliminando los obstáculos innecesarios para la otorgación de permisos, incentivando la libre competencia y manteniendo solo la necesaria reglamentación gubernamental.
Dar al sector privado las herramientas de crecimiento que necesita es la clave para la creación de empleos competitivos que ayuden al País a retener su talentosa mano de obra. Ya es hora de que el empresarismo privado reemplace al gobierno en su papel de principal sostenedor de los hogares de nuestras familias.
Hay que poner fin a la actitud oficialista de permanecer como observador y relator del éxodo doloroso de miles y miles de hermanos y hermanas– que son profesionales, trabajadores diestros, y padres y madres de familia responsables-, en busca de las oportunidades de trabajo, educación, salud y hasta alimento que no encuentran en suelo boricua.
En 2016, mientras las autoridades públicas continúan los esfuerzos en Washington para hallar soluciones a la crisis fiscal, lograr la eficiencia del gobierno local y el fortalecimiento de la empresa privada es indispensable para recuperar la ruta de crecimiento económico y progreso sostenido para Puerto Rico. Así los nuestros volverán a casa.
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